La financiación climática como impulsor de los esfuerzos de México para fortalecer su resiliencia
Indalecio Antonio, José González, Ismael Morales y Armando González, pescadores locales, pescan con una red de arrastre en la isla Pacanda, en el lago de Pátzcuaro, estado de Michoacán, México.
©FAO/Luis Antonio Rojas
La cuenca del Balsas, rica en recursos naturales y patrimonio cultural, es una de las zonas más vulnerables de México. Sus paisajes, cubiertos en casi dos tercios por bosques, proveen servicios ecosistémicos esenciales, como la regulación del agua de lluvia, el almacenamiento y el control de la erosión, y la generación de energía hidroeléctrica.
Pero suelos degradados, la creciente irregularidad de las lluvias, las prolongadas temporadas secas, los huracanes y otros riesgos climáticos han limitado la productividad agrícola, amenazando los medios de vida y la seguridad alimentaria.
Con una financiación aproximada de 91 millones de USD, procedente de un préstamo del FIDA y un préstamo y donación del FCV, México espera impulsar la resiliencia climática de las comunidades vulnerables de la cuenca del Balsas mediante incentivos financieros para proteger, restaurar y gestionar de forma sostenible los paisajes de la cuenca y ecosistemas.
También mejorará los servicios de extensión y el acceso a información climática, incluyendo sistemas de alerta temprana y notificaciones de incendio.
El proyecto, diseñado con el apoyo técnico de la FAO, cuenta con un sólido respaldo del Gobierno, lo que refleja el valor de una cooperación a largo plazo basada en la confianza y el compromiso con los socios.
Cerca de 2 millones de personas que viven en la cuenca del Balsas hablan una lengua indígena: más de una cuarta parte de los Pueblos Indígenas de México. La falta de oportunidades de empleo en la región afecta especialmente a las mujeres rurales, a los jóvenes y a las comunidades indígenas.
El proyecto promueve la inclusión social y el empoderamiento comunitario al fomentar la toma de decisiones desde la base en la gestión sostenible de los bosques y el desarrollo de la cadena de valor.
El equipo de diseño introdujo varias innovaciones. En primer lugar, el proyecto impulsa un enfoque integrado de desarrollo territorial.
Asimismo, operacionalizará el uso de criterios relacionados con el cambio climático, incluyendo la vulnerabilidad social y la presencia de comunidades indígenas, al priorizar beneficiarios e intervenciones. Además, el proyecto fortalecerá la capacidad institucional para gestionar, conservar o restaurar más de 300 000 hectáreas de tierra.
La mayor participación de comunidades agrarias y grupos de productores, especialmente mujeres, jóvenes y pueblos indígenas, en cadenas de valor de agroforestería ecológica y certificada, madera y no maderables, contribuirá a aumentar los ingresos familiares y las capacidades de adaptación.
Los pagos por incentivos se realizarán de forma plurianual bajo un sistema basado en resultados, que recompensa las iniciativas de adaptación y mitigación climática con alto desempeño y beneficios sociales.
CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, que también participa en el proyecto como socio, puso a prueba este enfoque para el pago por servicios ambientales.
Mayor coordinación con otras instituciones gubernamentales y sectores, los distintos usuarios del agua, como las ciudades y la agricultura de regadío, así como inversionistas privados, contribuirá a la sostenibilidad del proyecto.
